La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayó que la resolución que emitió sobre la posible violación grave de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho no deriva en impunidad, dice EL UNIVERSAL . Puntualizó que su conclusión sólo establece que no quedó demostrado el concierto entre autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla para perjudicar a la periodista, por lo que “no deriva en impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos”, publica EL UNIVERSAL. En voz de la ministra Margarita Luna Ramos precisó que la conclusión del máximo tribunal de justicia del país “no significa que otras autoridades no puedan o no deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad”. Acompañada por el ministro Sergio Valls Hernández, sostuvo que el dictamen final sobre el caso se apegó de manera estricta a Derecho lo que no quiere decir, recalcó, que la SCJN no tenga “empatía y sensibilidad” con la causas que se le presentan, señala EL UNIVERSAL. En la sede alterna del alto tribunal ubicada en el sur de la ciudad de México subrayó que el caso no podía resolverse “basándose en pruebas ilegales”, pues la premisa de la que parte la solicitud de investigación enviada por el Congreso de la Unión “fue una grabación obtenida en franca violación al Artículo 16 de la Constitución”.
NO SOY HOMBRE DE RENCORES: MARIO MARÍN
Luego de conocer el fallo de la SCJN dentro del caso Lydia Cacho, el gobernador Mario Marín Torres dijo que no es un hombre de rencores, ni de malversión, por lo que no denunciará a nadie por involucrar su imagen en este tema, reporta EL UNIVERSAL. En conferencia de prensa en Casa Aguayo –sede del gobierno del estado-, destacó que siempre tuvo confianza plena del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ello llamó a los poblanos a estar confiados y orgullosos de la labor del máximo tribunal del país. Convocó a los poblanos y a todas las instituciones a seguir trabajando unidos por Puebla, y a que se cierre este capítulo del caso Marín-Cacho, el cual calificó de difícil, pero que no provocó que se frenara el desarrollo de la entidad, dice una nota de EL UNIVERSAL. “Lo que más conviene al país, a las instituciones y obviamente a los estados, es justamente la vigencia del estado de derecho. Que sean las leyes, que sean las instituciones encargadas de aplicarlas, las que diriman este tipo de situaciones”, subrayó.
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