Más que fuego amigo, la decisión de acotar el margen de maniobra de Pemex parece tener un objetivo práctico: imponer barreras al poder del sindicato. La paraestatal tendrá que rendir cuentas a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sobre su portafolios de inversión, y estará sujeta a la “aprobación y dictamen técnico sin excepción”. El decreto que se publicará la próxima semana despoja a la petrolera de cualquier posibilidad de decidir sobre obras y proyectos y, en adelante, todo lo que se haga tendrá que demostrar (bajo la lupa de la Sener y de la CNH) que soluciona un problema o atiende una necesidad específica y, sobre todo, que genera beneficios. Bajo esta lógica, adiós a las obras con fines recreativos y que por lo general llevan el nombre de líderes sindicales. Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, alista ocho denuncias penales por quebranto al erario. Se desconocen los detalles, pero eso sí, nos dicen, serán una bomba. Esta podría ser su última acción al frente de la entidad fiscalizadora. Mientras tanto, ayer dijo ante el presidente Calderón que algunas de las dependencias federales lograron evadir la acción de la institución con argucias legales. Nos cuentan que fue Gobernación la que más piedras le puso en el camino, porque tenía la intención de auditar la jugosa área de Juegos y Sorteos. El Presidente escuchó algunas de las acusaciones que lanzó González de Aragón en la conmemoración de los 185 años de existencia de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Se le notó preocupado y tomando nota. COLUMNA COMPLETA EN EL UNIVERSAL