En las últimas horas se han unido más intelectuales, activistas, periodistas y artistas al reclamo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva por el bien de México, y castigue el abuso y la impunidad en el que cayeron las autoridades poblanas contra la activista y periodista Lydia Cacho.
Los últimos abajofirmantes que se unen son:
Salma Hayek, Gabriel Orozco, Pedro Armendáriz, Blanca Guerra, Oscar Figueroa, Vicente Leñero, Felipe Cazals, Mariestela Fernández, Eduardo Gamboa, Ernesto Gomez Cruz, Juan Antonio de la Riva, Lucía Álvarez, María Rojo, Nerio Barberis, Sigfrido Barjau, Toni Kuhn, Jorge Fons, Carlos García Agraz, Enriqueta Cabrera, Stasia de la Garza y Julio Pomar.
Antes, ya habían firmado:
Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, Berta Navarro, Gael García Bernal, Diego Luna, Lorena Maza, Mariana Rodríguez, Dana Rotberg, Carlos Reygadas, Sasha Sokol, Daniel Gimenez Cacho, Eugenia Leon, Chío, Kate del Castillo, Jan, Patricia Reyes Espíndola, Carmen Giménez Cacho, Gabriela García Luna, Carlos Monsivais, Elena Poniatowska, Denise Dresser, Josefina Zoraida Vázquez, Marcela Lagarde, Angeles Ochoa, Sergio Aguayo, Marta Lamas, Jorge Zepeda Patterson, Alberto Ruy Sánchez, Julio Scherer Ibarra, Marcela Lagarde, Carmen Boullosa, Rossana Fuentes, Sabina Berman, Regina Orozco, Naomi Klein, Ana Colchero, Marta Lamas, Humberto Musachio, Enrique Berruga, Huberto Bátiz, Berta Hiriart, Clara Jusidman, Angeles Mastretta Carlos Fazio, Clara Scherer, Diana Washington Valdéz, Epigmenio Ibarra, Federico Campbell, Jordi Soler, Guadalupe Loaeza, Héctor (Eko) de la Garza, Jorge Fernández Menéndez, Lucía Melgar, Grupo Elefante, Saul Hernández de Jaguares, Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, María de los Angeles Moreno, María Elena Chapa, María Teresa Priego, Marie Claire Acosta, Marina Arvizu, Mónica Lavín, Patricia Mercado, Ricardo Rocha, Rosa Nissan, Rosaura Barahona, Sara Sefchovich, Felipe Garrido, Salvador Camarena, Salvador Frausto, Gerardo Priego Tapia, Jenaro Villamil, Debora Holtz, Héctor de Mauleón, Alejandro Paez Varela, Rita Varela, Marco Lara Kahr, Cri Rodríguez, Sergio González Rodríguez, Maximiliano Vega Tato, Alberto Begné, Margarita De Orellana, María Consuelo Mejía, Blanca Rico, Alicia Leal, Gerardo Garcìa, Alejandra Islas, Carlos Martínez Assad, Adolfo Castañón, Carlos Fazio, David Bialostozky, Mariana Winocour, Paloma Torres.
…Y 1500 FRMAS MÁS
• LEA NOTA ANTERIOR CON TODAS LAS FIRMAS:
PONE DICTAMEN DE LA SCJN A PRUEBA AL ESTADO | LLAMAN MÁS DE 1,500 INTELECTUALES, ARTISTAS, PERIODISTAS Y ACTIVISTAS A LA SUPREMA CORTE A SENTAR UN PRECEDENTE, Y CASTIGAR A LAS AUTORIDADES POBLANAS POR EL ABUSO COMETIDO CONTRA LYDIA CACHO (COMUNICADO)
Por la mañana, artistas, intelectuales e investigadores advirtieron que el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, pone al Estado mexicano una prueba para saber si se está protegiendo a los servidores públicos y a redes de supuestos criminales de pornografía infantil y corrupción de menores, reseñaron varios medios mexicanos y extranjeros. Al dar a conocer un documento de respaldo a la periodista Lydia Cacho, autora de Los demonios del edén, en donde develó y detalló los presuntos abusos sexuales de Jean Succar Kuri, en contra de un grupo de niñas y niños en Cancún, Quintana Roo, presentadas a partir de 2003, los cineastas Luis Mandoki y Alfonso Cuarón coincidieron en que aún falta darle más luz a este caso en México.
A LA OPINION PÚBLICA, COMUNICADO
La denuncia presentada en 2003 por un grupo de niñas y niños abusados sexualmente por Jean Succar Kuri en Cancún desencadenó una larga secuela de infamias que aún no termina. Es un caso que exhibe la dificultad que existe en México para llevar ante los tribunales a autoridades y hombres de poder vinculados con actos criminales.
Los Hechos
No fue fácil para las víctimas atreverse a denunciar a su victimario, un hombre de riqueza e influencias. La respuesta de las autoridades a este acto de valor civil fue un intento de extorsión al criminal, y de negligencia al dejarlo escapar. Gracias a la movilización de las propias víctimas ante la INTERPOL, Succar Kuri fue detenido en Estados Unidos, pero su extradición se congeló debido al escaso interés de la PGR para acreditar el delito ante las autoridades norteamericanas. Pruebas y testimonios que documentaban los crímenes del pederasta, algunas de ellas irremplazables, desaparecieron de los expedientes. El tráfico de influencias aletargó el proceso.
Gracias a la publicación del libro Los Demonio del Edén, de la periodista Lydia Cacho, y la difusión que recibió el caso, la PGR finalmente agilizó los trámites de extradición. Pero la red de poderosos que protegen a Succar castigó duramente a la periodista por atreverse a exhibirlos. El empresario Kamel Nacif negoció con el gobernador de Puebla Mario Marín la aplicación tortuosa de la justicia para castigar a Lydia Cacho, como lo atestiguan varias pruebas, además de las famosas grabaciones dadas a conocer el 14 de febrero de 2006.
Al igual que las niñas abusadas por Succar, Lydia Cacho recurrió a la ley (PGR) para denunciar a sus victimarios por abuso de autoridad, tortura e intento de violación. Cacho decidió combatir a sus verdugos en los tribunales, justamente el terreno que ellos habían escogido para torturarla. Era una estrategia arriesgada, pero surgió de la convicción de que la democratización del país podría dar cabida al caso de una ciudadana vs un gobernador y una procuradora.
La respuesta en su contra ha sido implacable. El sistema judicial ha puesto en operación una gran cantidad de recursos y subterfugios para castigar su atrevimiento: la desaparición de pruebas, incluida la computadora de la CNDH en que estaban testimonios de testigos claves, el amedrentamiento de testigos, la repetición ad nauseum de interrogatorios para desgastar a la denunciante, el atentado perpetrado en la camioneta de PGR en que viaja la periodista; la campaña de descalificación de parte del gobierno poblano contra Cacho, gracias al acceso ilegal de materiales en poder de la fiscalía; el tortuguismo malintencionado de ministerios públicos y jueces. Los dos casos, el del pederasta Succar Kuri y el de Cacho vs Marín se entrelazaron irremediablemente. A lo largo de este proceso las autoridades poblanas han utilizado a los tribunales como si fuesen una extensión del aparato estatal, y no el espacio público para atender la queja de una o un ciudadano.
A cada violación y abuso, la defensa de Lydia Cacho ha respondido con una respuesta puntual en tribunales, denunciando irregularidades y abusos. El resultado de cada gestión legal invariablemente ha desencadenado mayor desgaste y más duras represalias contra ella.
Consideración
El caso entre Lydia Cacho y el gobierno de Puebla ha llegado por segunda vez a la Suprema Corte, gracias al llamado responsable de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El tema es fundamental para el país. Se está juzgando mucho más que una violación a los Derechos Humanos de una periodista que dio voz y protege a niños y niñas abusadas. Lo que está en juego es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos, esos que desde el poder ejecutivo y el judicial utilizan el Sistema de Justicia Penal para proteger redes criminales de todo tipo, incluyendo redes de pornografía infantil y corrupción de menores. Porque las autoridades poblanas involucradas no necesitaron participar en acto de pederastia para convertirse en cómplices, bastó llevar a cabo una concertación antijurídica para enviar el mensaje público: se protegen los derechos de victimarios y se castiga a las víctimas y a periodistas que se atrevan a revelar los hechos verdaderos comprobables.
Exhortamos a Ministras y Ministros de la Suprema Corte a devolver a las y los ciudadanos mexicanos nuestro derecho a confiar en los tribunales. Hasta ahora las repercusiones sufridas por las víctimas de Succar y la persecución en contra de Lydia Cacho, parecerían dar la razón a ocho de cada diez mexicanos, que consideran inútil denunciar un delito porque las instituciones del Estado no les darán protección. Si las autoridades poblanas son eximidas de su responsabilidad, si no se reconoce la evidente existencia de redes de pornografía, abuso y trata de menores en México, será muy difícil que algún otro ciudadano o ciudadana se atreva a desafiar en un tribunal a hombres que utilizando el poder público corrompen a la sociedad y fortalecen la criminalidad en México.
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